La aviación dominicana ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 5 años, producto de una peligrosa mezcla de crecimiento del PIB y flexibilización en la aplicación de las leyes y reglamentos que rigen la industria aérea nacional. En un corto plazo hemos tenido una explosión de aerolíneas y empresas aéreas que han aprovechado este vacío en la supervisión de parte del estado para nacer y crecer sin seguir las leyes y reglamentos establecidos. El caso dominicano no es único, en otras latitudes del mundo se han presentado situaciones similares, en las que países en vías de desarrollo, con cierto crecimiento económico, han optado por empujar de manera irregular el crecimiento de sus industrias aéreas. El resultado casi siempre ha sido el mismo: el aumento de accidentes e incidentes aéreos y la penalización internacional de sus sistemas de aviación civil.
En el caso de nuestro país hemos observado la misma tendencia al alza en los accidentes e incidentes aéreos, debido en gran medida a la mala gestión de las autoridades. Es el caso de los accidentes de HELIDOSA a finales de 2021 y solo 6 meses después el accidente de RED AIR en la ciudad de Miami. En ambos casos, se observaron serias fallas de supervisión de parte de las autoridades, así como la violación sistemática de la reglamentación aérea de parte de las empresas. A esto se suma una pobre labor de investigación de accidentes e incidentes, que ha dejado como resultado, años de espera a que se concluyan las investigaciones de rigor (mucho más que el promedio internacional) y con ello la falta de recomendaciones necesarias para mejorar el sistema.
En el caso de RED AIR, se trató de uno de los peores accidentes en un aeropuerto de los EE. UU en los últimos años. El pobre desempeño de las autoridades dominicanas fue puesto en evidencia en el reporte preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en ingles). Nos pareció alarmante, leer en dicho reporte, como el director del Dept. de Normas de Vuelo del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y los inspectores a cargo de supervisar a RED AIR, carecían de los más básicos conocimientos en torno a sus responsabilidades, las cuales están claramente delineadas en los reglamentos. Pero más alarmante aun, nos parece que dichas personas sigan en esas mismas posiciones. Esto al mismo tiempo que el país se lanza a un crecimiento aún mayor de sus aerolíneas, como lo es el proyecto de ARAJET, que pronostica ser VEINTE veces más grande que RED AIR, algo sin precedentes en la historia de la aviación civil dominicana.
El Dept. de Normas de Vuelo del IDAC es el punto neurálgico de este peligro latente en nuestro sistema de aviación civil. Dentro de sus atribuciones se encuentran la certificación, supervisión e inspección de toda nueva aerolínea y empresa aérea dominicana o extranjera, así como todos los vuelos de aviación general, que operen en la República Dominicana. Además, es responsable de todas las certificaciones de piloto, desde el más novatito piloto privado hasta el más reciente capitán de Boeing 737 MAX operado por ARAJET. En un mes cualquiera más de 300 aerolíneas diferentes pueden operar hacia/desde la Republica Dominicana, así como cientos de vuelos de aviación general. La enormidad de este reto solo se puede entender cuando ponemos en perspectiva, que dicho departamento cuanta con el mismo puñado de inspectores de hace 10-15 años, casi ninguno con experiencia en líneas aéreas modernas, y los que en teoría han certificado correctamente en promedio 2-3 aerolíneas nuevas por año (algo que en EE. UU. si proporcionamos el tamaño del departamento, hubiera tardado 15 años lograr).
Esta lamentable cadena de eventos ha llamado la atención de las autoridades aeronáuticas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de los EE. UU. En julio del año pasado, la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. (FAA por sus siglas en inglés), informó a la República Dominicana, del inicio de una inspección de RECERTIFICACIÓN DE CATEGORÍA por parte de su programa de Valoración Internacional de Seguridad Aeronáutica (IASA por sus siglas en inglés); la cual solo se realiza cuando un país ha caído precipitosamente en su labor de supervisión del sistema de aviación civil que maneja. Esta inspección se dividió en dos visitas, un a mediados del pasado mes de octubre y otra en abril del presente año. Al momento el estado dominicano ha dicho que salió airoso de dicha inspección, pero ha mantenido en secreto los resultados del proceso.
Fue luego de presión mediática, que el IDAC admitió la existencia de esta auditoria IASA de la FAA. En una clara desviación de la realidad, el gobierno ha optado por tildar dicha recertificación como una “auditoria normal” que se lleva a cabo cada cierto tiempo. Esta línea de desviación de la información ha sido repetida por el presidente Luis Abinader en varias ocasiones. En momentos en que el mundo de la aviación civil exige transparencia, especialmente en temas de seguridad operacional como lo hemos visto con la empresa Boeing en EE. UU; El estado dominicano ha optado por esconder sus propias falencias en este sentido, a un público viajero que cree ciegamente que todo está bien, cada vez que aborda una aeronave de matricula dominicana.
República Dominicana no es ajena a este tema de la perdida de la categoría IASA, ya nos sucedió a finales de los 90 y nos tomó trece años recuperarla. Una nueva degradación de categoría sería un duro golpe para el sistema de aviación civil dominicana y un enorme retroceso en su proceso de expansión. De igual modo hemos observado una actitud temeraria de nuevas empresas como ARAJET, que ha iniciado vuelos de largo radio (incluso mercadeándolos como grandes logros), sin contar con la apropiada área de descanso para sus pilotos. Violando de manera flagrante la regulación aeronáutica dominicana, sin que el IDAC siquiera admita que dicha violación esta ocurriendo.
El IDAC es una institución descentralizada del estado dominicano, su presupuesto está separado del presupuesto general de la nación, siendo su principal fuente de recaudación el cobro de impuestos a los pasajes aéreos y el cobro de permisos de sobrevuelo a aeronaves que cruzan sobre el territorio nacional. El IDAC maneja un presupuesto anual de más de RD$5MM lo que, junto con su independencia jurídica y el costosísimo precio de adquisición de nuevos equipos, le convierte en una manzana atractiva para políticos de diferentes partidos.
En resumen, vivimos un momento crucial para el desarrollo del sector aeronáutico dominicano. Estamos ante una divergencia en el camino, en la cual podemos dirigirnos hacia un desarrollo sostenible que sea la base para buenos empleos en la industria y el aumento de opciones de transporte aéreo para los dominicanos residentes en el país y en el extranjero, así como para los turistas que visitan el país. O pudiéramos tomar el camino equivocado y seguir tentando la suerte con lideres que desconocen profundamente los aspectos técnicos de sus organizaciones, inspectores que no están a la altura de las circunstancias y empresas que siguen naciendo y creciendo sin seguir las leyes y reglamentos que existen para mantener al público viajero seguro. Evidentemente este último camino traerá como consecuencia accidentes e incidentes, que terminarían afectando a todo el pueblo dominicano.
